La Corte rechazó el 2×1 a represores

La votación finalizó 4 a 1, con un voto más de lo esperado en contra del beneficio para condenados por crímenes de lesa humanidad.

La Corte Suprema votó en contra de beneficiar con el 2×1 al represor Rufino Batalla. De esta forma, dio marcha atrás con su fallo inicial, ya cancelado por el Congreso, desde donde se señaló que tal medida no podría ser aplicada en caso de delitos de lesa humanidad.

La votación finalizó 4 a 1, después de que, de manera sorpresiva, la jueza, Elena Highton de Nolasco, modificara su anterior postura y apoyara la ley 27.362, sancionada por el Congreso. Al igual que ella, el magistrado Horacio Rosatti consideró “interpretativa” y por lo tanto constitucional tal medida. Junto con sus votos también estuvieron los de Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, quienes no cambiaron su postura contraria al beneficio 2×1.

Por el otro lado, el presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, votó a favor de que tal medida se le aplique al represor Batalla, al considerar que lo sancionado por el Congreso, y promulgado por el Poder Ejecutivo, fue inconstitucional.

Batalla fue condenado a 13 años de prisión por su actuación en el centro clandestino de detención: La Cacha, y entre los crímenes que se le imputaron está el de Laura Carlotto, la hija de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. Luego de la resolución que benefició a Luis Muiña, el 3 de mayo de 2017, y con la que la Corte sentó precedente, él también reclamó que se le computara el 2×1 para salir de prisión.

Semanas atrás, a poco de que se conociera que el máximo tribunal había seleccionado el caso de Batalla, el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata dispuso su excarcelación, tras haber cumplido las dos terceras partes de su pena.

De esta forma, la Corte Suprema de Justicia estableció la validez de la cancelación del fallo inicial, sancionado en el 2017, mediante el cual se le concedía el beneficio del 2×1 a represores, una ley que permite el computo doble de los días de detención de quienes no tengan una condena firme.