La Corte Suprema confirmó la constitucionalidad de la ley que protege a los glaciares

El rechazo de la Corte Suprema de Justicia a los planteos de Barrick Gold, Minera Argentina Gold y de la provincia de San Juan que tenían, dio origen a la constitucionalidad de la ley 26.639 de protección de los glaciares. De esta forma, los fundamentos que firmaron tres de los ministros  para rechazar los planteos se centraron en la garantía constitucional del artículo 41 por un ambiente sano, así como también en el cumplimiento del Acuerdo de París, en términos de lucha contra el cambio climático.

Así las cosas, los demandantes planteaban que el Congreso había avanzado sobre la jurisdicción de las provincias en lo que se refiere a los recursos naturales. “Antes de buscar confrontación, los artículos 41 y 124 de la Constitución, deben ser interpretados buscando adaptar la gestión de recursos naturales a las directivas de la cláusula ambiental”, expresaron los magistrados en sus argumentos. Asimismo, fundamentaron su decisión en que  “no hay inconstitucionalidad derivada del procedimiento de la ley cuestionada”.

En este contexto, los integrantes de la Corte que rechazaron la demanda por unanimidad, determinaron que “Barrick Gold y Minera Argentina Gold no habían demostrado que el sistema de preservación de los glaciares establecido por el Congreso Nacional les generase algún tipo de daño en su derecho de explotación minera”.

Además, en el fallo que determina la constitucionalidad de la ley de glaciares 26.639, determinaron que “la provincia de San Juan, que había adherido al planteo de las empresas para obtener la inconstitucionalidad de la ley, tampoco había podido explicar en qué medida la existencia de la ley de glaciares le generaba agravio”.

“La protección de los glaciares en un estado federal como el argentino implica una densa y compleja tarea política que deben cumplir conjuntamente el Estado Nacional y las provincias para coordinar eficazmente sus diversos intereses. Ninguna interpretación -concluyeron- es constitucionalmente admisible si vacía de contenido el modelo federal del Estado o el proyecto ambiental de la Constitución”, señalaron.

Asimismo, la fundamentación se apoyó en el derecho al agua que “protege a los glaciares y al ambiente periglacial, como reserva estratégica de recursos hídricos para el consumo humano, para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas”.

“Esta lectura se inscribe en el consenso internacional que aprobó el Acuerdo de París en 2015, ratificado por la República Argentina en 2016”, indicaron los ministros en la justificación de su decisión, haciendo referencia a la advertencia realizada por el Instituto Nacional de Glaciología.

“Las concesionarias no han probado actividad administrativa alguna de parte de las autoridades nacionales que afecte de un modo suficientemente directo un interés legítimo suyo. Por el contrario, nada parece perturbar, de acuerdo al relato de las actoras, el normal funcionamiento de su actividad minera. Tampoco han demostrado que la mera vigencia de la ley de glaciares genere una situación de incertidumbre que afecte al ejercicio de sus derechos. Idénticas conclusiones, aunque por razones parcialmente diversas, cabe arribar en lo que concierne a la configuración de un caso controversia entre el Estado Nacional y la provincia de San Juan”, aseguró Rosenkrantz.

En relación al fallo de la Corte, desde el sector minero emitieron un comunicado y afirmaron que. “La Cámara Argentina de Empresarios Mineros considera que proteger los glaciares es fundamental, y resguardarlos es una obligación ineludible de la sociedad en general. Hemos asumido el compromiso realizar nuestro trabajo en forma respetuosa con el ambiente. Yentendemos que toda actividad productiva sólo debe realizarse en aquellas zonas donde pueda garantizarse el cuidado de las fuentes hídricas. Trabajando en forma responsable y transparente, demostramos que la industria minera puede impulsar un sano desarrollo sustentable”